El juzgado de lo Contencioso de Palma ha dado diez días de plazo a las administraciones que apoyan el plan insular de taxis temporales, el Consell y los ayuntamientos de Sant Josep y Vila, para que justifiquen la normativa en que se basa el plan y el procedimiento que se ha seguido para adjudicar los permisos estacionales. La patronal interpreta el auto como una victoria anticipada en su lucha y confían en que este mismo mes se apruebe la suspensión cautelar del plan. Los taxistas reclaman la dimisión del conseller de Movilidad, Albert Prats, y el concejal de Vila Joan Rubio.

EIVISSA | ALBERTO FERRER Las asociaciones de taxistas de la isla informaron ayer de la resolución del juzgado de lo Contencioso de Palma que acuerda dar un plazo de diez días al Consell y a los dos ayuntamientos que aplican el plan del taxis estacionales, Vila y Sant Josep, para que expliquen los criterios que se han seguido en la adjudicación de licencias, en el marco del recurso contencioso administrativo interpuesto por las patronales contra este plan y su adjudicación provisional, según explicó el presidente de la Asociación de Autonomos del Taxi de Vila, José Serafín.
En el mismo auto, el magistrado descarta decretar la suspensión cautelarísima de las medidas contenidas en el plan y la paralización de la actividad de los taxis estacionales, tal y como reclaman en su recurso los patronos, según explicaron fuentes del Consell insular. Por su parte, los titulares de licencias prefirieron destacar que «durante el mes de agosto» la sala de lo contencioso seguirá instruyendo la causa para estudiar posibles medidas cautelares. En este sentido, a la máxima institución se le dan diez días de plazo para contestar las posibles irregularidades que denuncian las patronales de la isla, que confían en que «en torno al 19 o el 20 de agosto» se emita una resolución favorable a sus aspiraciones «sin esperar al mes de septiembre», comentó Serafín.
Entre las irregularidades que han hecho llegar a la magistratura está la falta de emisora en la flota de taxis temporales, ya que aseguran que «como mínimo la mitad» no están conectados a la que han puesto en marcha los asalariados «con una cuota de 250 euros», contraviniendo una obligación establecida en el reglamento del taxi. En el caso de Vila, además, varios de los asalariados que se han hecho con un permiso temporal «no cuentan con el permiso de taxista», preceptivo en el municipio. Estos vehículos no operan con licencia municipal, recalcaron los patronos, ni disponen de tarjeta identificativa y sólo disponen de la tarjeta de trasnsportista que emite el Consell.
En su recurso también lamentan que las multas que les impuso el Ayuntamiento de Vila en la pasada Nochevieja por incumplir unos presuntos servicios mínimos «que no se comunicaron ni siquiera verbalmente», no están avaladas por el reglamento municipal del taxi, por lo que insistieron en reclamar la dimisión del concejal Juan Rubio.
El conseller insular de Movilidad también recibió el ataque de los patronos, que en su comparecencia de ayer exigieron su cese por haber «sacado a la luz la guerra entre titulares y asalariados», según dijo Serafín, que recalcó que hasta el plan ambos colectivos trabajaban sin enfrentamientos. También criticaron que desde el Consell se considere un éxito que este año funcionen 63 taxis temporales cuando «el año pasado fueron 59», según Serafín, «y habrían sido 136 que funcionarían sin problemas» si en la adjudicación se les hubiera dado preferencia a los titulares. «Habrían quedado también para los asalariados», aseguró.
Según los datos de la patronal, se ha despedido a cuatro asalariados del primer turno «y se está pendiente de recopilar cuántos perderán su trabajo en el segundo». Los patronos de Vila también han expulsado a 10 de los suyos por no despedir a los empleados que han optado a alguno de los permisos temporales, según explicó Serafín, que denuncia que estos vehículos «no respetan las colas en las paradas y son malos compañeros». Algunos de ellos, según el presidente de la patronal, «ni siquiera trabajan el taxi».
Los taxistas hicieron un llamamiento a los ayuntamientos que gobierna el PP, que se oponen al plan del Consell, para que «pongan vigilancia en las paradas» para evitar que los taxis temporales carguen pasajeros fuera de los dos municipios que apoyan la iniciativa. También informaron que su abogada, Ana Groizard, ha invitado a las corporaciones que se desvincularon del plan a «presentar conjuntamente una demanda» contra el Consell, que recuerdan que «aún puede rectificar».

Los taxistas denuncian que el Ayuntamiento se basa en datos falsos para justificar el aumento de vehículos y creen que se tendría que ver si con la flota de toda la isla se cubre la demanda de taxis en invierno

EIVISSA | A.F.F. Las asociaciones de taxistas de toda la isla han presentado en bloque sus alegaciones contra las seis licencias anuales de taxi que quiere conceder el Ayuntamiento de Eivissa. El colectivo patronal denuncia en su escrito que el Consistorio se basa en datos falsos o erróneos para justificar que existe una demanda que no cubre la flota actual en invierno. En su escrito a la corporación, los autónomos recuerdan que, durante los meses de temporada baja, «trabajan 80 taxis por turno», en lugar de los 40 que se asegura en la justificación técnica que les ha entregado el Ayuntamiento. Se utiliza esta cifra «para reducir la ratio de taxis por habitante», que en la actualidad los patronos sitúan en «un coche por cada 600 habitantes».
El informe también justifica la necesidad de aumentar las licencias en que «solo se trabaja en un turno en invierno», cuando los patronos recuerdan que en 2003 se eliminó la restricción y «un gran número» operan en dos o turnos contratando algún conductor, por lo que se «ajustan a la demanda».
También discuten la necesidad de que dos de las seis licencias sean para taxis adaptados para llegar a la ratio del 5 por ciento de la flota que estableció el Ministerio de la Presidencia el año pasado. Según la patronal, antes de aumentar la flota se debe proponer a los titulares que reconviertan alguno de sus coches, algo que el Consistorio no ha hecho. Además, creen que en el cómputo de la ratio se debe tener en cuenta a todos los taxis de la isla, no sólo los de Vila.
El estudio municipal se entregó en la última reunión de la mesa del taxi. «Es para reírse», aseguró el presidente de los autónomos, José Serafín, porque también se obvian diez de las 61 licencias temporales que solicitó el Ayuntamiento para este verano y el próximo. Serafín instó al concejal de Movilidad, Joan Rubio, a «que pregunte por qué hay 40 vehículos parados en invierno». En esos meses «no hay trabajo», según el presidente de los autónomos.
Serafín dijo de Rubio que «lo único que sabe del taxi es que es coche blanco con una luz verde en el techo», por eso le exigió que «se lea el reglamento de Vila» antes de «inventarse medidas». La patronal exige que se le destituya ya que creen que no se puede llegar a ningún acuerdo con él.
Consideran que Rubio «sólo defiende a un grupo de titulares y margina a los otros cien de Vila», en referencia a los expulsados recientemente. A pesar de estas críticas, el presidente de la patronal consideró que sería viable implantar un segundo radiotaxi en el municipio, tal y como amenazó el concejal en caso de que se mantenga el boicot. «Es la obligación del Ayuntamiento», dijo Serafín, que añadió que «se podría contestar a los servicios de las dos». La patronal, recordó, es propietaria «del local, el equipo y la frecuencia» que utiliza el único radiotaxi de Vila

La patronal del taxi de Vila le pedía que echara a su propio padre por pedir un permiso temporal. Denuncia que a otros patronos que han cedido al chantaje se les permitirá readmitir a sus asalariados en octubre

EIVISSA | A. F.F. Juan Rey lleva 28 años detrás de un volante. Suma casi tres décadas trabajando como asalariado y esperando a recibir una licencia anual. Su hijo trabajaba en lo mismo para Ibizatours y logró quedarse con uno de los dos taxis que explotaba esta compañía de autobuses en mayo de este año. Así que Antonio Rey contrató a su padre, que antes de eso ya había pedido una licencia temporal, porque después de tantos años aspiraba a algo más que a seguir trabajando para otro. El problema que se encontraron los Rey es que al resto de patronos no les gustó nada quedarse «sin el pastel que habían tenido sólo para ellos estos años», comenta Antonio.
Él no pudo echar a su padre a pesar del ultimátum que le dio la Asociación de Autónomos: «Me dieron 10 días para despedirlo», desestimaron sus alegaciones y en una asamblea decidieron echarle junto con otros ocho titulares que no habían despedido a los asalariados que habían optado a los permisos temporales del Consell, «cinco del primer turno y tres del segundo». Luego hay «otros cinco», a los que a ultima hora «les han abierto la puerta de atrás»: Antonio explica que a algunos de los titulares de mayor edad con familiares contratados «les han hecho despedir a sus parientes pero en octubre, cuando se haya pasado todo, les dejarán readmitirlos». Se queja de que a él no le han dado esa opción y, tras una primera asamblea que lograron impugnar, se consumó la decisión de echarle. No recibe carreras a través de la emisora desde el pasado 17 de julio y ya ha dado entrada a un escrito en el Ayuntamiento de Vila solicitando que le amparen: «Tengo la obligación de llevar la emisora, pero no me pasan servicios». Escucha las carreras pero no puede solicitarlas, aunque confiesa que se presenta donde espera el cliente y si puede se lo lleva.
Su padre está preocupado, lleva toda la vida al volante y dice que la caja que hacían ha bajado a la mitad por falta de emisora. En la parada tiene que sufrir discusiones con sus antiguos compañeros, aunque lo peor, asegura Antonio, es que «por tres cochinas pesetas nos han dejado de hablar más de la mitad de los patronos», la misma gente con la que Juan ha pasado casi tres décadas de su vida «por el simple hecho de tener una estacional».
Antonio asegura que hay mucho dinero en juego: «Con tres meses de trabajo ganas para todo el año». Como patrón entiende que los autónomos no quieran dejarlo escapar. También ve «justo» que un trabajador que se ha dejado la piel en el taxi pueda tener alguna recompensa: «Hay muchos titulares que hace años que no cogen el coche, ¿esos sí que es justo que tengan las temporales?», se pregunta. Incluso explica el caso de un taxista que opera con dos licencias, la suya y la de su padre retirado, que quería «poner en marcha seis taxis esta temporada», pidiendo una temporal por cada anual «y una tercera licencia a medias con su asalariado», pero las presiones de la patronal le hicieron desistir al final.
«Si el día que Albert Prats -el conseller de Movilidad- se levantó y dijo `hoy voy a dar taxis´ se lo hubiera pensado y las hubiera dado todas para los dueños, no hubiera habido problema ninguno», claro. Pero «no sería justo», piensa Antonio. Tal y como él lo ve, «el taxista ha de tener dedicación exclusiva». Si teniendo una licencia anual reciben otra temporal, «no la podrán trabajar, tendrán que coger a dos chóferes mínimo», así que no ve por qué se quejan de que los asalariados puedan hacer eso mismo. «Mi padre le dedica ocho horas al día», asegura Antonio, «¿y yo no puedo darle las horas que me dé la gana con mi licencia?». La patronal le dice que no. Y eso que él se preocupó de preguntarle a su gestor «si podía tener a Juan en nómina y a la vez darle de alta como autónomo; me dijo que no hay ningún problema».
Antonio no quiere que le readmitan. Este mes dejará de pagar la cuota y peleará para que le den su parte «del valor del local de la asociación», que se supone que pertenece a los 120 taxistas de Vila. Tiene muy claro que «los esfuerzos que está haciendo la patronal para perseguirnos a unos cuantos estarían mejor empleados contra los taxis piratas», que denuncia que campan a sus anchas.

Los taxistas autónomos desoyen las advertencias del Consistorio, propietario de la frecuencia que emplean los taxistas. Los asalariados también sufren el boicot a 20 patronos y anuncian medidas judiciales

EIVISSA | ALBERTO FERRER El Ayuntamiento de Vila se plantea «recuperar el radio taxi», que gestiona la Asociación de Autónomos por una cesión municipal, según explicó el concejal de Movilidad, Joan Rubio, después de que la patronal haya aprobado la expulsión de una veintena de sus miembros, a los que acusa de tolerar a los asalariados que se han adjudicado alguno de las licencias temporales del Consell. Vila ya amenazó con intervenir la emisora cuando los autónomos dejaron de atender servicios en protesta contra los estacionales.

«Ya se les ha advertido de que no pueden dejar de proporcionar el servicio» de envío de carreras a través de la emisora, dijo Rubio, que aseguraba que ayer se registraron los primeros casos de boicot. El concejal se reunió con varios de los afectados que le informaron de la actuación de los Autónomos y les prometió «medidas drásticas» para garantizar sus derechos.

El Consistorio es consciente de que la explotación directa del radiotaxi obligará «a contratar personal» para mantener operativa la emisora, aunque no se descarta dar el paso «si los autónomos no atienden a razones». Se da la circunstancia de que el reglamento del taxi prevé unas obligaciones para los autónomos, pero no para «el mal uso que se puede estar dando al radio taxi», por lo que Rubio ha encargado a los servicios técnicos municipales que estudien las posibilidades legales de dar este paso. Por el momento, se trabaja en acelerar la implantación del GPS, sustituyendo la obsoleta emisora que gestiona la patronal.

Los asalariados, por su parte, anuncian medidas judiciales para obligar a que la Asociación de Autónomos renuncie al boicot a los titulares «que no han cedido a las amenazas para despedir a los asalariados» que han recibido una licencia temporal, explicaba su portavoz, Iván García. Los asalariados aseguran que el boicot también perjudica a sus compañeros que siguen trabajando con los patronos expulsados.

Este colectivo ya presentó un primer requerimiento a los autónomos instándoles a desistir de la expulsión de una sexta parte de sus socios. La patronal ignoró la advertencia, aunque García está convencido de que «este asunto acabará mal para los titulares». «Una asociación no puede presionar a sus socios para que hagan lo que no quieren», alegando una competencia desleal «que ningún juez ha decretado».

Fuentes vinculadas al sector adelantaron ayer que la entrada en servicio del segundo turno de taxis temporales contará con el apoyo de más autónomos de los inicialmente anunciados, seis en Sant Josep y uno en Vila, ya que los propietarios de licencias de varios municipios de la isla han pedido algunas de las vacantes que han quedado en estos dos municipios, los únicos que apoyan la medida del Consell. La máxima institución insular tiene previsto concretar hoy estos datos en la comparecencia posterior a la reunión el Consejo Ejecutivo.